Agenda de extraordinarias

La cuota de poder de la Corte: el duelo entre el Gobierno y la oposición por la reforma del Consejo de la Magistratura

La Corte, con el ministro de Justicia Martín Soria, semanas atrás.

Con un deadline crítico, que fija el 16 de abril como fecha última para que el Congreso apruebe un proyecto que reordene el Consejo de la Magistratura, la tensión explícita entre el Gobierno y la oposición sumó un nuevo elemento en torno a la reforma de esa mesa clave: a la discusión sobre números y repartos, se anexó una disputa más áspera y conceptual sobre qué protagonismo debe tener la Corte Suprema en el nuevo consejo.

La novedad la incorporó, y recalentó el verano político, Mario Negri, presidente del bloque de diputados de la UCR con un proyecto que vuelve a sentar al presidente de la Corte Suprema en el sillón de presidente del Consejo de la Magistratura, casi un texto espejo con un reciente escrito del máximo tribunal.

En diciembre, la Corte activó un demorado fallo -que declaró inconstitucional la composición del Consejo aprobada por el Congreso en 2006, con un proyecto impulsado por la entonces senadora Cristina Kirchner- que puso sobre la mesa una variante que casi no aparecía en el radar de la política: reinstaurar la doble jefatura del presidente de la Corte que, al ocupar ese cargo, quedaba además al frente del Consejo de la Magistratura.

La Corte restableció un diseño muy similar al acordado por la ley 24.937 -19 miembros y al presidente de la Corte entre ellos-, que en 1997 reglamentó el artículo 114 de la Carta Magna. Luego se elevó el número a 20 integrantes (con el ingreso de un académico) y más tarde, en 2006, fue sometido a una reforma más gruesa que redujo a trece la cantidad de integrantes y eliminó la presencia de la Corte.

Corte sí, Corte no

En una mala hora entre el Gobierno y la Corte, Negri aceleró un proyecto que toma como base el fallo de la Corte y confronta con la propuesta enviada en diciembre, pre fallo, por el Ejecutivo, que eleva a 17 la cantidad de miembros y mantiene la estructura de desvincular al Consejo de la Corte. En las próximas horas o días, Alberto Fernández firmará el decreto para convocatoria a extraordinarias y en el temario incluirá la reforma del Consejo. Lo hará sobre la base del texto del Ejecutivo y el debate arrancará en el Senado donde, con aliados, logra quórum propio.

"No vamos a votar ningún proyecto que contemple que la Corte integre el Consejo", indicó a elDiarioAR una voz oficial. Aparece como un criterio conceptual: si la Casa Rosada objeta el desempeño de la Corte, demora el envío del pliego para una nueva integrante y cuestiona la legitimidad política del presidente y el vice, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, por el "auto voto" para ocupar esos cargos. A fines de 2021, Alberto Fernández deslizó que impulsará una serie de medidas respecto al tribunal mientras que desde el Ejecutivo, a través de Aníbal Fernández, se instaló la idea de la necesidad de ampliar la integración de la Corte a doce miembros. En paralelo, se prepara una movilización al palacio de Tribunales para el 1 de febrero.

El proyecto de Negri, que firmó el texto solo pero luego se sumaron otros diputados de la UCR, incluye un elemento que no estaba en el menú y que, según fuentes de la UCR, se agregó a partir del fallo de la Corte que estableció que si en 120 días no se vota una nueva composición, el día 121 se volverá al esquema de los 20 miembros con el presidente de la Corte sentado, además, en la presidente del Consejo.

"Se incorporó porque se tomó como registro el fallo. Un proyecto incorpora, como todo proyecto, las experiencias históricas, legislativa y, en este caso, de una declaración de inconstitucionalidad", explicaron desde la UCR y advirtieron que el rol de la Corte es un motivo de discusión política, y también jurídica. "Es el que mejor se compadece con el espíritu y respecta el concepto de órgano permanente del Poder Judicial de la Nación”, apuntó una fuente.

El modelo original del Consejo, tomado de España, tiene al presidente del máximo tribunal al frente.

De manera adicional, aunque a fin del año pasado hubo una propuesta del diputado del PRO, Pablo Tonelli, que proponía 14 integrantes y no contemplaba un lugar para el titular de la Corte, en el macrismo empezó un giro en la dirección de restituir la presencia del jefe de los cortesanos en el Consejo. Cristian Ritondo tiene un texto, confeccionado por abogados del PRO y lo hizo circular el escrito para buscar consenso en el bloque. La postura que deslizan en el entorno de Ritondo es que lo ideal sería buscar un acuerdo en la mesa nacional de Juntos.

En el dispositivo JxC, la Coalición Cívica (CC) que preside Juan Manuel López, no pone como precondición que el titular de la Corte presida el Consejo pero validan, como lo hizo Elisa Carrió anteriormente, una integración amplia, de 20 miembros, y sostienen que administrativamente sería útil que el titular de la Corte ocupe los dos roles. La CC planteó, además, que la cuestión de fondo pasa por otro lado: modificar el esquema de los concursos y limitar la instancia "discrecional" en el proceso de conformación de las listas de postulantes.

Negociaciones

En el Frente de Todos (FdT) entienden que la negociación con la oposición será dura. En Juntos proyectan que no hay demasiado margen para que se trate una reforma consensuada y, al menos, en algunos sectores se preparan para que quede activo lo que dispone el fallo de la Corte. Es decir, 20 miembros con, en este caso, Rosatti como doble presidente.

Mientras el Gobierno objeta, desde un punto de vista político, que la Corte intervenga en el Consejo, en la oposición aparecen dos argumentos. Uno, muy repetido, es administrativo y presupuestario. Lo dicen en la UCR, en el PRO y en la CC: con la Corte integrada al Consejo, se pueden resolver cuestiones operativas con más practicidad y, sobre todo, subsanar lo que se considera un desajuste de recursos porque, según una fuente cambiemita, "tenemos un Consejo pobre y una Corte rica que tienen miles de millones de pesos en plazo fijo mientras el consejo no puede arreglar los ascensores".

La discusión, sin embargo, es política y se orienta a qué cuota de poder el Congreso le otorga a la Corte respecto al Consejo. Y cómo eso, en un contexto de tensión política explícita, se presenta tanto del Gobierno como de la oposición. El dato es que, hasta el fallo, no habían existido proyectos de la oposición para reinstaurar al presidente de la Corte en el consejo. De hecho, durante el gobierno de Mauricio Macri, el ministro de Justicia Germán Garavano envió un proyecto que establecía una composición de 16 miembros sin presencia de la Corte.

En aquel momento, se discutió también corregir la cuestión presupuestaria pero "por temor a represalias", el gobierno no se animó a enmendar el decreto de Néstor Kirchner que dividió el presupuesto para la Justicia, que representa el 3,5% del presupuesto nacional, en 2.97% para el Consejo y 0,53% para la Corte pero "a uno le falta y a otro le sobra", como explica un conocedor del sistema.

Desde lo teórico, en la UCR hablan de que la norma original involucraba a la Corte y que, además de lo administrativo, un delegado del máximo tribunal en el Consejo podría funcionar como un ordenador hacia adentro, acelerar procesos y, sobre todo, encauzar las internas de los jueces.

"Lo hacen para provocar, para oponerse a todo lo que propone el gobierno. Quizá la discusión es otra y lo que a ellos más le importa es como se reparten los consejeros en el Congreso", apunta un operador oficial y pone el foco en otro segmento que incluye el proyecto de Negri: fija que hay ocho legisladores en el Consejo, 4 por cada cámara, y 2 por el bloque más numerosos y otros dos repartidos en la segunda y tercera minoría.

PI

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