Legisladores porteños del FdT exigen juicio político contra D'Alessandro y Mahiques

El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) anunció hoy que pedirá el juicio político contra el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y el fiscal general del distrito, Juan Bautista Mahiques, en sintonía con las instrucciones que dio el presidente Alberto Fernández luego de que se hiciera público un viaje a la estancia de Joe Lewis del que ambos participaron.

Al hablar en cadena nacional esta tarde, el presidente Alberto Fernández pidió al bloque de legisladores del FdT de la ciudad de Buenos Aires que “evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito que están involucrados y, de corresponder, presenten el juicio político”.

Mahiques y D'Alessandro participaron, junto a otros integrantes del Poder Judicial, directivos de Clarín y un empresario exagente de inteligencia, de un viaje a la estancia del magnate Lewis en Lago Escondido, en la Patagonia Argentina.

Tras la cadena nacional, el bloque difundió los proyectos que presentará en la Legislatura porteña para que comience el proceso de juicio político, que establecen que se “forme una causa por comisión del delito y mal desempeño de sus funciones” contra D'Alessandro y Mahiques.

También convocaron a la Sala Acusadora para el miércoles próximo al mediodía a fin de “designar su presidencia y los miembros de la Comisión Investigadora”.

Por último, establecieron que la Sala Acusadora sesionará en el recinto de la Legislatura porteña.

En un comunicado, el bloque del FdT porteño afirmó que la participación de los funcionarios en el viaje “financiado por el Grupo Clarín”, del que también participaron fiscales, jueces, y exagentes de inteligencia, puso en evidencia “la comisión de diversos delitos, de acuerdo a los más elementales criterios de ética pública”.

Este hecho confirmó “la existencia de una mesa judicial que incluye a funcionarios del macrismo, además de operadores mediáticos, agentes de inteligencia y ejecutivos del Grupo Clarín”, consideraron.

“Recibir dádivas, encubrirlas falsificando documentos, presionar fiscales y periodistas, armar causas, prometer cárcel a los díscolos: todo es válido para esta suerte de poder paralelo, que nada casualmente integran el juez Julián Ercolini, quien instruyó la causa -inocultablemente 'trucha'- de Vialidad contra la vicepresidenta de la Nación, así como el ministro porteño responsable de vallar su casa”, agregaron.

Los legisladores sostuvieron que “el rol ocupado por Juan Bautista Mahiques en la ciudad de Buenos Aires como fiscal general fue brindar protección y una base de operaciones perfecta a este entramado judicial, algo largamente sospechado y que ahora ha quedado finalmente expuesto, a la vista de toda la sociedad argentina”.

El vicepresidente del bloque del FdT en la Legislatura porteña, Javier Andrade, escribió en su cuenta de Twitter que “el macrismo de la Ciudad es un brazo imprescindible para el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner” y que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es un “partícipe necesario para garantizar el refugio y blindaje de los actores de la mesa judicial macrista”.

Juan Manuel Valdés, también legislador del FdT, escribió por su parte que es “increíble que Mahiques y D'Alessandro continúen en sus cargos”, y agregó que “ambos utilizan su poder para obstruir la investigación sobre su misterioso viaje a Bariloche en avión privado. Deben renunciar y ponerse a disposición de la Justicia”, afirmó.

El legislador Juan Modarelli (FdT), en tanto, consideró que los chats difundidos sobre el vuelo privado a Bariloche “son de una gravedad escalofriante y nos demuestran que no hay democracia con un partido judicial”.

Magdalena Tiesso, también legisladora porteña del FdT, afirmó que “en la Ciudad se conformó el cigoto que dio lugar a la mesa judicial del lawfare”.

De acuerdo con la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, la Legislatura porteña “puede destituir por juicio político” al jefe y vicejefe de Gobierno, a sus ministros, a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Magistratura, al fiscal general y a otros funcionarios del Poder Judicial local.

Además, establece que el juicio político debe estar “fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes” y que la condena se dicta “por mayoría de dos tercios” de los miembros de la Legislatura y su “único efecto” es la “destitución” del acusado.

CRM con información de la agencia Télam