Quiénes son los grandes empresarios que defienden a la Corte en su pelea con el Gobierno

En medio de la pelea entre el Gobierno y la Corte Suprema por la composición del Consejo de la Magistratura se metieron los grandes empresarios. Días antes de que el presidente del máximo tribunal, Horacio Rossati, asumiera también la jefatura de este órgano que selecciona y remueve a los jueces, el pasado miércoles la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham, por sus siglas en inglés) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se unieron con el aristocrático Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar que se cumpla el fallo de la Corte de diciembre pasado que ordenó dictar una ley en 120 días para cambiar la composición de la Magistratura. Su oposición los enfrenta al Gobierno, y en especial a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que acusó a los cortesanos de integrar una “casta”.

La Amcham representa a las empresas norteamericanas y en el último año viene levantando el perfil para involucrarse en diversos debates económicos: difundió comunicados de prensa contra el congelamiento de precios, la ley de etiquetado frontal de alimentos o el proyecto de reciclado de envases, o a favor de la exploración petrolera offshore y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, desde 2021 también viene trabajando con IDEA, el colegio de abogados y otras instituciones y propusieron “principios básicos para una reforma integral de la justicia”, incluida la de la Magistratura. Hace un mes formularon su propio proyecto de cambios del consejo. Y ahora reaccionaron ante el fallo judicial en Entre Ríos que, a petición del oficialismo, frenó la elección de los representantes del Congreso en ese órgano. “Hay que cumplir el fallo de la Corte, más allá de que podamos discutir si 120 días para hacer una nueva ley es poco tiempo, si el Congreso se demoró en hacerla o si la Corte debería ampliar el plazo. Los temas institucionales en general y la independencia de los poderes en particular son nuestro 'scope' (alcance)”, argumenta un directivo de la Amcham por su intervención. “La estabilidad jurídica es clave para que un país crezca”, alega otro.

Roberto Alexander, ejecutivo de IBM, preside la Amcham. Sus vicepresidentes son Facundo Gómez Minujin, del banco JP Morgan, y Sergio Kaufman, de Accenture. O sea, dos empresas de tecnologías de la información a la cabeza. Completan el directorio Gabriela Renaudo (de la tarjeta Visa), Mariana Schoua (de Orazul Energy), Daniel De Nigris (de la petrolera ExxonMobil), Martín Genesio (de la eléctrica AES), Paula Altavilla (de la proveedora de infraestructura Schneider Electric), Gabriela Bardin (de la fabricante de productos de consumo masivo Procter & Gamble, P&G), Silvia Bulla (de International Flavors & Fragances, IFF), Luis Guastini (de la firma de empleo temporario ManpowerGroup), Gabriela Aguilar (de Excelerate Energy), Juan Diddi (del laboratorio Bristol-Myers Squibb) , Mariano Dolhare (de la empresa de equipamiento informático Hewlett Packard), Cecilia Giordano (de la consultora Mercer), Guillermo Malm Green (del estudio de abogados Brons & Salas), Enrique Seeber (de la tarjeta American Express), Nicolás Váquer (de la farmacéutica Pfizer), Mauricio Zanatta (de Prudential Seguros) y Lorena Zicker (de Amazon Web Services). El CEO de Amcham es Alejandro Díaz.

También se ha involucrado en esta pelea IDEA, el instituto que organiza cada año el coloquio que reúne al establishment criollo. Allí el presidente es Roberto Murchison, dueño del Grupo Murchison, que se dedica al negocio portuario y de logística. Sus vicepresidentes son Daniel Herrero, que acaba de dejar la presidencia de la filial de Toyota, pero seguirá colaborando con esa automotriz japonesa y no planea sumarse al Gobierno, como se llegó a especular; y otra figura repertida de Amcham, Altavilla, de Schneider Electric. Completan el directorio Guillermo Lipera (de Bulló Abogados); otros tres que también están presentes en la cámara norteamericana, Bulla (de IFF), Alexander (de IBM) y Giordano (de Mercer); Verónica Andreani (del correo Andreani), Héctor Aranda (del Grupo Clarín), Martín Berardi (de la siderúrgica Ternium, parte de la corporación Techint), Miguel Blanco (de Swiss Medical, propiedad de Claudio Belocopitt), Claudia Boeri (de la empresa alemana de software SAP), Mariano Bosch (dueño de Adecoagro), Gerardo Cartellone (que tiene la bodega A16, mientras batalla con su hermano José por la constructora Cartellone); cuatro de los grandes estudios contables internacionales, Fernando Cóccaro (de E&Y), María Inés Del Gener (de Deloitte), Néstor García (de KPMG) y Carolina García Zúñiga (de Price Waterhouse); Alejandra Ferraro (de Accenture), Marcelo Figueiras (propietario de Laboratorios Richmond, el fabricante de la vacuna Sputnik en la Argentina), Carola Fratini Lagos (de la aseguradora suiza Zurich), Javier Goñi (de la azucarera y papelera Ledesma, de los Blaquier), Enrique Humanes (de la singapurense Trafigura, que controla Puma Energy), Fabián Kon (del Banco Galicia, de los Escasany, los Ayerza y los Braun), Teófilo Lacroze (de Raízen, que tiene las estaciones de servicio y la refinería de la angloholandesa Shell), Juan Marotta (del banco británico HSBC), Carlos Moltini (de Telecom, controlada por los accionistas de Clarín), Francisco Ortega (de la consultora estadounidense McKinsey), Guillermo Pérez (de otro grupo de contadores, GNP), Brenda Puig (de Mercado Libre, el gigante de Marcos Galperin), Federico Rava (de la española Telefónica), Claudio Rodríguez (dueño de la fabricante de pinturas Sinteplast), Luis Saguier (accionista del diario La Nación), Silvia Tenazinha (del banco español Santander) y María Eugenia Tibessio (de la química estadounidense Dupont). Todos representantes de grandes empresas locales e internacionales haciendo lobby en la disputa por el Consejo de la Magistratura.

AR