El nuevo Brasil

Los empresarios, el Congreso y el pacto con los gobernadores, entre los primeros retos para Lula

Lula. Desafíos de la transición para el el presidente electo en Brasil.

En los seis días posteriores a la elección, el futuro presidente Lula da Silva ha desplegado un esfuerzo relevante para asegurarse un buen comienzo de gobierno el 1º de enero de 2023. Hay tareas impostergables, según comunicó a sus tropas, comandadas por el vice Geraldo Alckmin. Son las de garantizar dos compromisos de campaña: la continuidad del subsidio de 600 reales (120 dólares) para los más vulnerables; un reajuste del salario mínimo e inversiones del sector público. Por eso, el foco está puesto en las negociaciones con el Congreso. Varios subsidios para los más pobres sólo pueden ser habilitados por los parlamentarios, ya que implica perforar el techo establecido desde 2016.

En menos de una semana y contra cualquier suposición, este Parlamento conservador dio sobradas muestras de que irá a complacer al futuro mandatario. Claro que mantendrá algunas exigencias como moneda de cambio: una de ellas es que el futuro oficialismo evite intervenir en la designación, a partir de enero de 2023, de los nuevos titulares de Diputados y Senado. La otra es que preserve, por ahora, el sistema de enmiendas parlamentarias secretas; que le permitió al gobernante actual destinar fondos a los legisladores para obras y servicios en sus respectivos distritos electorales.

El flamante Congreso, cuya composición decidida en estas elecciones le dio peso al Partido Liberal (PL), aquel en el que está enrolado Jair Bolsonaro, mostró disposición a votar antes de fin de año un aumento del gasto fiscal. Los nuevos recursos serían destinados por el futuro gobierno al pago del “Bolsa Familia”, que recuperó su nombre original. El equipo liderado por Alckmin prevé además un incremento de las partidas presupuestarias para inversiones en el plan de construcción de viviendas “Mi casa, mi vida”, del orden de los 6.000 millones de dólares. De acuerdo con los legisladores, el proyecto de ley presupuestaria enviado en agosto por Jair Bolsonaro a la Cámara de Diputados, previó el menor destino de fondos en décadas a las inversiones del Estado. Y eso tuvo que ver con la necesidad del jefe de Estado de reparar el boquete fiscal que él mismo produjo en 2022.

“El presidente Lula tiene un conjunto de acciones que dependen de esas inversiones. Para el programa habitacional, el gobierno actual destinó apenas 6,7 millones de dólares para todo el país” declaró Wellington Dias, senador del PT designado para negociar la reforma del presupuesto. Los partidos del “centrón”, como los medios han bautizado esa pléyade política “pragmática”, ya dijeron que apoyarán a Lula del mismo modo que lo hicieron antes con el presidente saliente Bolsonaro.

Un ejemplo de la “buena disposición” es el cambio de humor en el bloque parlamentario de evangélicos. Antes del domingo 30 de octubre los pastores solían afirmar que el candidato petista iba a “cerrar iglesias”. El miércoles el obispo Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal, comentó que Lula ganó los comicios gracias a que fue “bendecido por Dios”.

En simultáneo con la acción entre congresistas, la futura gestión busca asegurarse el armado de un nuevo pacto federativo con los gobernadores, elegidos también en los comicios de octubre. El objetivo sería iniciar el mandato el 1º de enero sin nada que pueda sobresaltar a las nuevas autoridades. En ese sentido, los acuerdos con los 27 mandatarios electos se imponen como una urgencia, pues apenas 10 de ellos pertenecen a la Coalición de la Esperanza. Hay que señalar, además, el poder que tienen los poderes ejecutivos de estados provinciales, en la medida de su influencia sobre los legisladores. Ahora, le toca a esa alianza de partidos que rodeó a Lula, negociar con los gobernadores del bolsonarismo. Hay dos de ellos que tienen el mayor peso a nivel nacional: Claudio Castro, de Río de Janeiro, y Tarcísio de Freitas, de San Pablo.

El plan del futuro jefe de Estado es realizar una conferencia con todos los gobernantes provinciales en los primeros 15 días de enero. Allí habrá de plantear, según afirman en su entorno, que es imperioso retomar obras paralizadas. “Nuestra preocupación es que no haya interrupciones de servicios públicos” declaró Alckmin en conferencia de prensa ofrecida el jueves último.

Entre tanto, el empresariado le hizo llegar a Lula cuáles son los intereses que les gustaría preservar. Por un lado, no quieren que se toque la reforma laboral aprobada en 2017, cuando Michel Temer ocupaba el sillón presidencial. Al mismo tiempo, quisieran intervenir en las futuras reformas tributaria y administrativa.

En cuanto a la extrema derecha bolsonarista, a esta no le caen bien las “concesiones” prometidas por los legisladores. Y si bien fueron desmantelados “los focos de insurrectos”, con bloqueos de rutas y autopistas que complicó el escenario nacional a principios de la semana, hay de hecho una apuesta a continuar con la agitación. Hasta ahora, el presidente Bolsonaro optó por la reclusión en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial. Solo quebró el aislamiento cuando fue al Palacio del Planalto para saludar al vicepresidente electo Alckmin; y luego, cuando pidió por redes sociales a sus partidarios que discontinuaran las manifestaciones, con los cortes ruteros.

 EG

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