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La fiscalía colombiana investiga al hijo mayor de Gustavo Petro por “presuntos actos delictivos”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su hijo Nicolás.

elDiarioAR

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La Fiscalía de Colombia inició este viernes una investigación por “presuntos actos delictivos” contra Nicolás Petro, el primogénito del mandatario colombiano, un día después de que el propio Presidente le solicitara a la entidad investigar a su hermano y a Nicolás por “rumores”, luego de que su exesposa lo acusara de recibir dinero ilícito para la campaña electoral de su padre.

“Se conformó un grupo de fiscales, investigadores y expertos que se dirigieron a Barranquilla (en el departamento norteño del Atlántico) y ya iniciaron las primeras diligencias con la señora denunciante Day Vásquez, que públicamente ha suministrado información sobre el tema”, anunció el Ministerio Público colombiano.

Según la fiscalía, se están examinando “las condiciones de riesgo” de la denunciante y exesposa del hijo de Petro, “para generar las condiciones de protección que sean necesarias”.

Asimismo, el ente acusador se refirió a la solicitud de investigar al hermano del Presidente, Juan Fernando Petro, y señaló que ya se había abierto “una noticia criminal de oficio” el 23 de enero, por lo que continuará con la investigación sobre presuntos pagos realizados por narcotraficantes para obtener cupos en la política de “paz total”.

En una entrevista con la revista Semana, Vásquez aseguró que su exmarido, actualmente diputado del departamento del Atlántico, recibió supuestamente del narcotraficante Santander Lopesierra “más de 600 millones de pesos (unos 124.700 dólares) para la campaña del papá” y 200 millones de pesos (unos 41.500 dólares) por parte del empresario Alfonso “Turco” Hilsaca, ambos procesados por la justicia.

Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero”, acusó Vásquez, quien afirmó que los hechos ocurrieron durante “la época electoral o preelectoral” entre 2021 y 2022. Las revelaciones ocurrieron justo después de que Petro pidiera a la Fiscalía abrir una investigación a su hijo y a su hermano por “rumores” de que cobrarían sobornos a criminales para que puedan beneficiarse del plan de paz que lleva adelante el Gobierno.

Reitero que el único funcionario que cuenta con el aval del Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda”, escribió Petro en un comunicado, y recalcó que el Ejecutivo “no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos”.

“Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios”, reforzó el jefe de Estado. Agregó que su compromiso “con Colombia y con las colombianas y colombianos es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros” de su familia.

Por último, el gobernante manifestó confianza en que su hermano y su hijo mayor “puedan demostrar su inocencia”, pero haciendo hincapié al mismo tiempo en que respetará “las conclusiones a las que llegue la justicia”.

En los últimos días, Rueda informó al fiscal Barbosa sobre la existencia de un grupo de abogados que estaría cobrando hasta un millón de dólares a narcotraficantes y delincuentes, a cambio de que estos últimos sean incluidos en el plan de paz del Gobierno colombiano.

Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”, denunció el alto comisionado.

Esos letrados estarían utilizando las visitas que Juan Fernando Petro y la senadora Piedad Córdoba realizaron a varias cárceles durante la pasada campaña electoral, para entrevistarse con algunos de los presos para hacerles creer que podrían ser beneficiados con la política de “paz total” impulsada por Petro, según las versiones que divulgaron los medios colombianos en los últimos días.

LC con información de agencia Télam

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