Junts aleja una decisión rápida sobre Sánchez y se sacude la presión de bloquear la investidura

La tesis de Junts es que Pedro Sánchez los necesita más que ellos al candidato socialista. Esa es la premisa con la que el partido de Carles Puigdemont plantea una negociación que todas las partes tienen claro que será complicada y cuyo desenlace no está ni esbozado. Solo un acuerdo puede evitar la repetición electoral y ese es un argumento que sirve para intentar que unos y otros se avengan a explorarlo, por remoto que sea ahora.

Los posconvergentes explican que antes de las municipales, tanto el PSOE como el PSC les trasladaron el mensaje de que probablemente tras las generales deberían aproximar posiciones. En ese momento ni tan siquiera estaban convocadas y se mantenía una “cierta buena relación” con los socialistas catalanes. Pero las alianzas posteriores al 28M dieron al traste con esa voluntad de conciliación. Pese a que el PSC y Junts llegaron a pactos en 32 municipios, los pactos entre ERC y los socialistas en las diputaciones de Lleida y Tarragona cayeron fatal. Aunque lo que más indignó a Junts fue el acuerdo entre PSC y comuns con la ayuda del PP para desbancar a Xavier Trias de la alcaldía de Barcelona solo unas horas antes del pleno de investidura. “Esa jugada del PSC desarmó al ala moderada del partido y les dejó sin argumentos”, explican en Junts. 

Así que la negociación, cuando empiece, deberá orillar las cuentas pendientes tras las municipales y centrarse en las opciones de entente para evitar unos nuevos comicios (algo que en Junts no descartan, pero tampoco dan por hecho). No hay prisa porque saben que no será fácil. El secretario general, Jordi Turull, viaja esta semana a Brasil para participar en un proyecto de cooperación, pero antes fijó posición. Su punto de partida es un “referéndum acordado y vinculante”, algo que en estos términos probablemente ni Sánchez ni ningún otro secretario general del PSOE pueda aceptar. 

Turull ha querido insistir en que votar 'no' a Sánchez no es votar 'sí' a Feijóo. “No nos sentimos obligados a elegir y no vamos a caer en la trampa emocional de escoger entre Sánchez y Feijóo”, afirma para sacudirse la presión de cargar con la culpa de un adelanto electoral. “Veremos qué es capaz de hacer Pedro Sánchez, pero no resolver el conflicto político tiene consecuencias”, advirtió. La consigna es la que Junts lleva tiempo repitiendo: “Si hay que poner en aprietos al Estado, se hace”. La cuestión es dónde sitúa el límite.

Hasta ahora, siempre que se presentó una disyuntiva complicada, Turull se posicionó a favor de las tesis de Puigdemont. El ejemplo más claro fue la salida del Govern, probablemente la derrota más importante que sufrió el sector pragmático del partido. Las negociaciones para la investidura de Sánchez pondrán de nuevo a prueba las frágiles costuras internas de Junts y es imposible saber si acabará fracturándolo aún más y provocando la salida de algunos dirigentes.

Socialistas y Sumar les reclaman estar a “la altura de las circunstancias” mientras que algunos sectores de ERC les plantean la disyuntiva de “Catalunya o Vox”. Los republicanos, a diferencia de Junts, alertan de que el bloqueo y, por lo tanto, un adelanto electoral no puede ser en ningún caso una opción. “No se puede correr el riesgo de dar otra oportunidad a PP y Vox después de que se haya frenado el bloque ultra”, argumentan. En eso van a la par con Bildu, cosa que puede reforzarles frente a las exigencias de Junts.

Recuperar la unidad

De momento, la presión no hace mella en Junts, algo lógico teniendo en cuenta que ni se ha empezado a negociar. Los posconvergentes consideran que la sangría de votos que el partido de Oriol Junqueras encadena es la prueba de que la suya es una estrategia fallida. Los republicanos perdieron 300.000 votos en las municipales y se han dejado 411.000 este domingo. El partido de Puigdemont ha bajado en 137.000 y la CUP en 148.000. Teniendo en cuenta que Sumar también ha perdido 53.000 significa que hay miles de votos que han pasado del bloque independentista al saco socialista. En Junts reconocen que es así (“han sido unas elecciones muy españolizadas”, resumen) y lo enmarcan en el voto dual que resurge siempre de modo desigual en Catalunya cuando se trata de las generales. Citan como ejemplo que en Badalona venció el popular Xavier García Albiol hace dos meses con mayoría absoluta y ahora allí el PSC ha arrasado, solo superado por Junts en dos secciones censales del centro y por Esquerra en otra. En todo caso, hay otro dato que no ha pasado desapercibido. El PSC ha conseguido sólo más votos que todo el independentismo sumado.

Junts insiste en que hay que recuperar la unidad con ERC (una apelación que los republicanos aceptan aunque recelan de que pueda ser una envolvente siempre envenenada) y aspiran a liderar un frente que incluya a la CUP pese a haber quedado fuera del Congreso y que vaya más allá de los partidos y tenga en cuenta también a Òmnium y la ANC (cuyas estrategias cada vez están más alejadas). Consideran que “la amnistía y la autodeterminación” deben ser los ejes que hagan posible formular una propuesta común.

De momento quien ha movido ficha es Sumar. Ha designado al exdiputado Jaume Asens como su interlocutor con Junts. Fue apartado como cabeza de lista de los comuns y optó por irse a casa pero ahora se han requerido de nuevo sus servicios. Es amigo de Toni Comín y nunca rompió puentes con Waterloo. Él fue quien llamó al abogado Gonzalo Boye para diseñar en octubre del 2017 la que consideraron que era la mejor estrategia judicial para Puigdemont (el informe bautizado como “Efecto Dómino” que se acabó denominando como “Dómino 1”) y que en tantos apuros puso al magistrado Pablo Llarena.

Tiempo después, en un almuerzo con Miquel Iceta, cuando Asens le explicó cómo se dibujó la táctica judicial que implicaba que el expresident se instalase en Bruselas, el ahora ministro y entonces dirigente del PSC le respondió: ¿Y no le explicaste cómo volver?

Esa es una de las claves. Porque Junts no plantea la negociación en términos personales, pero es evidente que el futuro judicial de Puigdemont sobrevuela en cualquier conversación que aborde el conflicto catalán. Es la prueba más evidente de que no está todo solucionado ni mucho menos. Porque al margen de las turbulencias internas que la negociación pueda crear tanto en Junts como en el PSOE, hay un tercer actor a considerar como potencial desestabilizador: el juez Llarena, quien desde hace seis años busca la extradición del expresident. Por ahora sin conseguirla. Desde este lunes el magistrado ya tiene sobre la mesa una petición formal de la Fiscalía para reactivar la orden internacional de detención y entrega de Puigdemont, ahora solo por el delito de malversación.

A la espera de Llarena

La Fiscalía ha definido su escrito como una “actuación procesal preceptiva” tras la sentencia europea que retiró la inmunidad a Puigdemont (publicada el pasado 5 de julio). Pero es difícil ver como una casualidad el hecho de que los cuatro fiscales del Supremo  –los mismos que, junto a los abogados de Vox, fracasaron en la tesis de que el procés fue un delito de rebelión– hayan realizado su petición el día después de las elecciones.

Cabe recordar que entre los cuatro fiscales que han vuelto a la carga con Puigdemont este lunes se encuentran una exfiscal general del Estado con el Gobierno de Mariano Rajoy, Consuelo Madrigal. También rubrica el escrito Javier Zaragoza, quien abandonó hace unos meses la Unión Progresista de Fiscales en un gesto que en círculos judiciales se interpretó como una señal hacia Alberto Núñez Feijóo para postularse para ser el nuevo fiscal general del Estado en un Gobierno del PP. 

Los cuatro fiscales siguen instalados en los postulados más duros sobre lo ocurrido en Catalunya pese a que el Supremo no compró su tesis. Muestra de ello es que hace solo quince días, el fiscal Fidel Cadena pidió condenar a penas de inhabilitación más altas a la Mesa de Carme Forcadell al tildar el otoño soberanista de 2017 de “alzamiento violento”, pese a que el Alto Tribunal no condenó a los líderes independentistas por rebelión.

El balón está ahora en manos del juez Llarena, que puede decidir qué velocidad impone a la reactivación del proceso de extradición en Bélgica (con su consiguiente impacto en la situación política). El instructor puede cursar este mismo martes una nueva euroorden, pero también podría dar trámite a la Abogacía del Estado –que depende del Ministerio de Justicia– y a las defensas sobre la petición de la Fiscalía, lo que dejaría previsiblemente su decisión para la vuelta del verano.

En suma, hay muchos números de que las conversaciones políticas para la investidura transcurran en paralelo al inicio del proceso en Bélgica sobre la extradición del expresident (que se podría alargar varios meses). Una muestra más de que los indultos aliviaron pero no solucionaron la crisis catalana. La carpeta Puigdemont seguía y sigue ahí.