Massa declaró en el juicio por Sueños Compartidos y reconoció incumplimientos en las obras
El exministro de Economía Sergio Massa declaró este miércoles como testigo en el juicio oral por el programa Sueños Compartidos y reconoció que hubo “incumplimientos” en los convenios firmados con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales. Su testimonio se dio en los tribunales de Comodoro Py, ante el Tribunal Oral Federal N° 5, en una causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos entre 2008 y 2011.
Durante su exposición, Massa explicó que esos incumplimientos derivaron en que el municipio de Tigre decidiera continuar las obras con financiamiento propio. “A partir de esos incumplimientos fue que el municipio tomó la decisión de continuar las obras”, sostuvo. Según detalló, las obras habían quedado inconclusas luego de que el Estado nacional discontinuara los pagos.
El exfuncionario fue convocado a declarar por su rol como intendente de Tigre, cargo que ejercía al momento de la firma de convenios con la fundación que presidía Hebe de Bonafini. Sin embargo, aclaró que varios de esos acuerdos no llevaron su firma directa, ya que durante parte del período investigado se encontraba de licencia para desempeñarse como jefe de Gabinete, y el municipio estaba a cargo de Julio Zamora, entonces intendente interino.
En ese contexto, Massa señaló que Tigre suscribió al menos tres convenios para la construcción de viviendas y que, al retomar sus funciones, firmó un nuevo acuerdo para obras complementarias. También indicó que el municipio no realizó denuncias penales, pero sí decidió finalizar los proyectos con recursos propios.
La causa, conocida como Sueños Compartidos, analiza el funcionamiento de un programa de viviendas sociales impulsado a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y financiado por el Estado nacional. De acuerdo con la acusación, encabezada por el fiscal Diego Velazco, se habrían desviado más de 206 millones de pesos, lo que representa alrededor del 23% de los fondos transferidos para las obras.
Entre los principales imputados se encuentran los hermanos Sergio Schoklender y Pablo Schoklender, responsables de la ejecución del programa dentro de la fundación, junto al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros exfuncionarios.
Durante su declaración, Massa evitó profundizar en algunos aspectos técnicos vinculados a los adelantos financieros y la firma de convenios, al señalar que no recordaba detalles específicos o que correspondían a otras áreas de gestión. “Cada una de las áreas tiene sus facultades y el intendente no le pide a cada uno detalles”, explicó ante el tribunal.
Aun así, remarcó el impacto social del programa en los barrios donde se ejecutaron obras en Tigre, como Cina Cina, San Pablo y Villa Garrote. “Sin dudas tuvo un impacto positivo en la comunidad”, afirmó, al recordar que muchas familias pasaron de vivir en condiciones precarias a acceder a viviendas formales.
El exintendente también confirmó que mantuvo dos reuniones con los Schoklender: una de presentación institucional y otra motivada por conflictos administrativos dentro del municipio. Además, mencionó que, tras su salida del Gobierno nacional, la relación con las autoridades vinculadas al programa quedó “muy tensa”.
El juicio oral, que comenzó recientemente luego de años de investigación, reúne a una extensa lista de testigos del ámbito político. La semana pasada declaró el expresidente Mauricio Macri, quien también aludió a irregularidades en la ejecución de los convenios. En las próximas audiencias se espera la participación de otros dirigentes, como Gerardo Zamora, Jorge Capitanich y Malena Galmarini.
Quince años después de los hechos investigados, el proceso judicial busca determinar responsabilidades en uno de los casos más resonantes vinculados a la obra pública y organizaciones sociales durante los gobiernos kirchneristas, en el que confluyen exfuncionarios nacionales, autoridades locales y miembros de una de las entidades más emblemáticas de derechos humanos del país.
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