Presentan un proyecto alternativo de Código Penal en medio del avance del proyecto punitivista del Gobierno

En un contexto marcado por el impulso del Gobierno a una reforma integral y más dura del Código Penal, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó en el Congreso un proyecto alternativo de actualización del Código Penal, elaborado por especialistas y con años de discusión técnica detrás. La iniciativa llega como respuesta directa al texto difundido por el Poder Ejecutivo, que propone un endurecimiento generalizado del sistema punitivo.

El proyecto alternativo fue presentado por el diputado radical Fernando Carbajal y cuenta con el apoyo formal del INECIP. Se trata de un texto originalmente redactado en 2007 y actualizado en 2023 por una comisión de juristas que trabajó ad honorem y que, según destacaron, pasó por procesos amplios de debate público: universidades, operadores judiciales, organizaciones de derechos humanos, colegios profesionales y actores del sistema penal. Esta legitimidad participativa contrasta con el camino elegido por el Gobierno para su propia reforma, que no fue sometida a instancias de consulta abiertas.

El proyecto del Ejecutivo de Código Penal combina diferentes leyes dispersas en un único cuerpo normativo y propone un criterio claramente punitivista: aumento de penas, ampliación de delitos imprescriptibles, restricciones a libertades anticipadas y nuevas figuras vinculadas a ciberdelitos, crimen organizado y delitos ambientales. Para la administración Milei, se trata de una reforma “modernizadora” destinada a enfrentar “la criminalidad del siglo XXI”.

Desde INECIP, en cambio, advierten que ese enfoque hace hincapié casi exclusivamente en el castigo y que podría agravar la crisis penitenciaria. Señalan que sin políticas criminológicas integrales ni consensos mínimos, el resultado corre el riesgo de ser una ley de impacto simbólico pero de poca efectividad real. El instituto remarcó además que un endurecimiento general de penas no necesariamente se traduce en mejoras en la seguridad pública y que la reforma penal debe pensarse de manera sistémica: desde las capacidades del Poder Judicial hasta la situación de las cárceles.

Al presentar el texto en el Congreso, Carbajal sostuvo que el país necesita un Código Penal actualizado, pero también socialmente legitimado, técnicamente sólido y compatible con los estándares constitucionales y de derechos humanos. La iniciativa busca ahora iniciar un camino legislativo que recupere el debate público y el trabajo especializado, en paralelo al trámite parlamentario del proyecto oficial.

Con dos proyectos sobre la mesa —uno impulsado por el Gobierno con un énfasis punitivo y otro respaldado por el mundo académico y judicial con eje en la racionalidad penal—, la discusión sobre el futuro del Código Penal argentino vuelve a ser un terreno de disputa política, institucional y jurídica. El debate, advierten especialistas, podría definir el rumbo penal del país por las próximas décadas.