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Alejandro Rebossio

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Primero elDiarioAR elaboró el ranking de cuáles eran las constructoras que más licitaciones habían ganado en lo que iba del gobierno de Alberto Fernández. Después hicimos lo propio con el de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora llega el turno del de Axel Kicillof. A partir de analizar una por una las adjudicaciones difundidas en forma oficial y recolectadas por la base de datos de www.obrapublica.com entre el 10 de diciembre de 2019 y 30 de junio último, se concluye que entre las empresas más contratadas por la provincia de Buenos Aires casi no figuran las grandes de renombre nacional sino otras poco conocidas pero de mediana o larga experiencia en el distrito, hay algunas involucradas en la causa de los cuadernos K como las de las familias Gerbi y Weiss, están las que construyeron bastante con Rodríguez Larreta y el gobierno nacional de Mauricio Macri y una de quien fue el rey de la obra pública cuando Eduardo Duhalde era gobernador bonaerense, Victorio Américo Gualtieri.

Pero más allá de las polémicas sobre las contrataciones de obra pública, se trata de una política clave para la dinamización de la economía, con impacto social y político. Al igual que sucedió en el resto del país, en la provincia de Buenos Aires también se retrasaron las licitaciones y las obras en el comienzo de la pandemia en 2020. El gobierno bonaerense, como el nacional, están apostando a reactivarlas en 2021.

En el primer año y medio de administración Kicillof, a la cabeza del ranking de ganadores de subastas aparece Alpa Vial, una firma de Mar del Plata pero con contratos también la ciudad de Buenos Aires, La Matanza y Tigre. Su presidente es Flavio Saglia y en el directorio se sientan dos miembros de la familia Gerbi, también dueña de la constructora Coarco, cuarta en esta clasificación. José Gerbi es director titular de Alpa y fue empleado de Coarco, mientras que Marcelo Gómez Gerbi es director suplente de la primera y de otra sociedad llamada Coarco Internacional. 

Alpa ganó la licitación para construir la defensa costera de la ruta 11, que recorre la costa bonaerense desde Punta Lara a Mar del Sud. Se trata de una obra de $ 574 millones dentro del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que comanda Agustín Simone y que concentra la mayoría de los proyectos. La otra iniciativa que Alpa obtuvo fue en unión transitoria de empresas (UTE) con Coarco: la construcción de redes cloacales en Hurlingham por 517 millones.

Coarco es una de las principales constructoras de Mar del Plata y su dueño, Patricio Gerbi, es uno de los empresarios que confesaron el pago de coimas en la causa cuadernos, en su caso, al funcionario a cargo de las concesiones de rutas del kirchnerismo, Claudio Uberti. Al igual que muchos de los arrepentidos de esa causa, Gerbi renunció a la presidencia de su empresa, de modo de evitar escollos legales a sus futuros negocios. Lo reemplazó su vicepresidente, Oscar Gómez. Pese a todo, Coarco consiguió contratos con los gobiernos de Macri y Rodríguez Larreta, como un tramo del Paseo del Bajo.

El segundo puesto del ranking bonaerense corresponde a Ilubaires, propiedad de otro involucrado en la causa cuadernos, Gustavo Weiss, ex jefe de la Cámara Argentina de la Construcción. Weiss también dejó la presidencia de su empresa: en manos de su hermano Jorge. Su compañía logró igual contratos con Macri y Rodríguez Larreta. Ahora además es una de las más ganadoras de obras con el gobierno de Fernández. El de Kicillof le ha encargado la operación y el mantenimiento del sistema de bombeo de los arroyos Unamuno y El Rey en Lomas de Zamora por 646 millones.

El tercer lugar de la clasificación corresponde a C&E Construcciones, de Gustavo Castillo, que fue procesado en 2018 por una obra con el municipio de Zárate. Pero C&E es además una de las constructoras más contratadas por el jefe de gobierno porteño y también lo fue por la administración de María Eugenia Vidal. Hizo grandes obras con el kirchnerismo, incluidas algunas para AySA. Bajo la gestión Kicillof ya empezó dos tramos de la adecuación del cauce del río Luján por 587 millones.

Detrás de C&E y Coarco, en quinta posición aparece la UTE entre las empresas Pelque y Lurovial para otros dos tramos de las obras del Luján por 461 millones. Pelque es una firma de Ranelagh cuyo presidente es Gabriel Ripa Alsina. Lurovial es de Avellaneda y su dueño es Juan Enrique Luro. Varios de sus empleados figuraron como aportantes de la campaña presidencial de Macri en 2015, según relevó en su momento la Fundación Alameda, que preside el ahora funcionario Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata.

El sexto puesto es para Constructora Calchaquí, de Quilmes. La preside Oscar Zaccardi. En el gobierno de Vidal ya había ganado una obra en un hospital. El mes pasado se quedó con otra para mejorar el espacio público de un barrio pobre de su municipio, el Sayonara. El proyecto alcanza los 304 millones.  

Game se llama la compañía que aparece séptima. Obtuvo tres licitaciones en la era Kicillof: una para la ampliación y remodelación de la morgue judicial de Lomas de Zamora por 159 millones; otra para refaccionar y poner en valor de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Esteban Echeverría por 79 millones; y una tercera para edificar la defensa costera del canal de acceso al puerto de La Plata por 37 millones. Game es una firma platense que preside Pablo Arrieta.

Otra empresa de la capital provincial le sigue en el ranking: Construcciones La Plata. Su presidente es Pedro Carner. Venció en cuatro licitaciones para la remodelación y la puesta en valor de un CAPS en Esteban Echeverría por 84 millones, dos en General Rodríguez por 89 millones y uno en Lomas de Zamora por 46 millones.

El noveno puesto es para la UTE entre Sabavisa, de Gualtieri, y Dragados y Obras Portuarias SA (Dyopsa), del grupo Supercemento, una de las principales constructoras del país. Gualtieri fue el constructor predilecto de la gobernación Duhalde (1991-1999), sobre todo en el conurbano. En 2003 llegó a estar detenido por supuesto contrabando. Con Macri volvió a conseguir grandes obras. También ganó proyectos con Rodríguez Larreta. Con Kicillof logró el contrato para el dragado de mantenimiento de canales del puerto de La Plata por US$ 2,6 millones. Su socia en la obra es la empresa especializada de Supercemento, grupo perteneciente a Carola von Waldenfels y Lucca Astolfoni. Ejecutivos de Supercemento quedaron involucrados en la causa de los cuadernos K, pero la compañía también fue de las que más contratos ganó con Macri y Rodríguez Larreta.

El top ten de las constructoras más elegidas por el gobierno de Kicillof se completa con la firma José Luis Triviño SA, fundada por José Luis Triviño en Quilmes hace 41 años. La empresa está a cargo de una de las principales obras de la Dirección Provincial de Vialidad: la vinculación de la avenida Combate de Pavón con la ruta 4 en los partidos de Tres de Febrero y Hurlingham, por 174 millones.

Del puesto 11° al 15° figuran la tucumana Geconpe, de Luis García y José Salomón Peralta; la platense Ecodyma, de Juan Ángel Scaramellini; su coterránea Tecma, de Alfredo Soriano; Asymi, de Martín Lucero, también de la capital bonaerense; y la porteña Alemarsa, que preside Ana María Paraje de Chávez. En el lugar 16° están cuatro constructoras que ganaron una licitación para perforar pozos de Aguas Bonaerenses (ABSA):  Aguas Corletti, empresa de Zárate propiedad de Gustavo Corletti y Héctor Schinoni; Alicia Baldoni e Hijos SA, de Alicia Baldoni, de La Plata; Juan Francisco Sosa a título personal; y la bahiense Plusagua, de Rubén Torrente. De la posición 17° a la 20° aparecen la platense OCSA, de Ricardo Alconada Magliano; la porteña BYMO, de Norberto Sánchez; la quilmeña Eduardo Colombi SA, del propietario homónimo; y la rosarina Pose, de Gustavo Etchanchu y David Serna.

Hasta aquí, las constructoras que ha contratado Kicillof en su apuesta a la obra pública como “motor de la reactivación económica”, con “efecto multiplicador”, que necesita para mejorar la infraestructura social y de la economía y también para ganar las próximas elecciones legislativas. Tras su paso como ministro de Economía, en 2016 había reivindicado que no se había llevado “ni una goma de borrar”. Ahora, este economista sin denuncias de corrupción en su pasado deberá velar por la transparencia como gobernador.

AR

 

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