Estimaciones macroeconómicas y gasto público: aprendizajes de 2026 para el Presupuesto 2027

En 2025, luego de dos años de prórrogas, el Congreso aprobó un nuevo presupuesto nacional para 2026. Sin embargo, las prioridades votadas para este año no necesariamente se verán reflejadas de la misma manera cuando se llegue a diciembre. Si no hay nuevas modificaciones, el gasto destinado a Servicios Sociales cerraría alrededor de 7 puntos por debajo, en términos reales, de lo previsto originalmente. Y dentro de esa finalidad, la situación es todavía más desigual: mientras algunas políticas recibieron refuerzos, otras perdieron recursos incluso en términos nominales. 

¿Qué pasó? El Presupuesto 2026 combinó dos elementos que resultaron determinantes durante su ejecución. Por un lado, estableció que el ejercicio debía cerrar con un resultado financiero equilibrado o superavitario. Por el otro, fue elaborado con una inflación anual estimada en 10,1%, muy por debajo del 17,7% que proyectaba el REM cuando se presentó el proyecto y todavía más lejos de la inflación cercana al 30% que se espera actualmente para este año. 

Esa diferencia importa porque buena parte del presupuesto no se actualiza automáticamente con la inflación. Cuando los precios aumentan por encima de lo previsto, mantener una partida en los valores nominales aprobados significa, en los hechos, reducir los recursos con los que cuenta esa política. Y cuando al mismo tiempo existe una meta fiscal que debe cumplirse, la decisión sobre qué partidas actualizar, cuáles no (y de este modo, dejar que pierda valor) y cuáles directamente recortar adquiere una importancia central.

Eso fue lo que ocurrió durante 2026. A la licuación producida por la inflación se sumaron modificaciones presupuestarias realizadas por el Poder Ejecutivo. En mayo, por ejemplo, una Decisión Administrativa redujo el gasto autorizado en $2,44 billones con el objetivo declarado de cumplir la meta de equilibrio o superávit financiero establecida en la ley de presupuesto. Posteriormente hubo ampliaciones, entre ellas para prestaciones sociales, universidades, salud y salarios, pero esos refuerzos fueron selectivos y no alcanzaron a recomponer de manera general la pérdida provocada por la inflación. 

Y no todas las áreas corrieron la misma suerte. Parte de las actualizaciones estuvo vinculada con obligaciones legales, mecanismos automáticos o conflictos que limitaron el margen del Ejecutivo para mantener determinadas partidas congeladas. En Educación, por ejemplo, el principal refuerzo se produjo en el contexto del conflicto por el financiamiento universitario. Al mismo tiempo, otras políticas sociales continuaron perdiendo recursos. En el extremo opuesto, las partidas destinadas a inteligencia recibieron ampliaciones muy superiores a la inflación: el presupuesto de la SIDE pasó de $97.135 millones a $176.916 millones durante el año. 

Este contraste permite ver algo que queda oculto cuando la discusión se reduce a si el Estado alcanzó o no la meta de equilibrio fiscal. La readecuación del gasto no se realiza de manera automática y uniforme sobre todo el presupuesto. Existen decisiones sobre qué gastos se preservan, cuáles se refuerzan y cuáles absorben la pérdida. El equilibrio fiscal puede fijar el límite general, pero dentro de ese límite subsisten derechos y garantías constitucionales que exigen una cierta asignación del gasto.

Por eso, para entender lo ocurrido en 2026 hay que mirar también los años anteriores. Hacia fines de 2023 la reducción del déficit fiscal fue un objetivo central del Poder Ejecutivo, y la disminución del gasto fue el principal instrumento utilizado para alcanzarlo. Durante 2024 y 2025, además, no hubo nuevas leyes de presupuesto: se prorrogaron los créditos existentes en un contexto de inflación elevada. La repetición de partidas en términos nominales facilitó una fuerte reducción de su valor real, a la que se agregaron modificaciones presupuestarias y subejecuciones. 

En ese sentido, 2026 no inauguró esta lógica. Lo que cambió fue el mecanismo. Esta vez había un presupuesto aprobado por el Congreso, pero la combinación entre una inflación subestimada y una meta explícita de equilibrio volvió a colocar al gasto como principal variable de ajuste. De hecho, la propia lógica había sido explicitada anteriormente en el proyecto de Presupuesto 2025: frente a un desvío del escenario macroeconómico, se proponía adecuar el gasto para cumplir con la regla de equilibrio financiero. Esa regla no fue sancionada entonces, pero la Ley de Presupuesto 2026 sí incorporó la exigencia de cerrar el ejercicio con resultado financiero equilibrado o superavitario. 

El problema no es solamente contable. Una ley de presupuesto es una norma jurídica que debe cumplir mandatos constitucionales. La asignación de recursos es uno de los medios fundamentales para hacer efectivos los derechos fundamentales. Si frente a cada desvío de las variables económicas el resultado fiscal debe permanecer inalterado y el gasto es el que debe adaptarse, la vigencia de esos derechos puede quedar supeditada a un parámetro de mera conveniencia financiera. 

La experiencia de 2026 resulta especialmente relevante para discutir el Presupuesto 2027. Esta vez, la pauta oficial de inflación se encuentra mucho más cerca de las expectativas disponibles. El riesgo aparece en otro lugar: los ingresos. El proyecto prevé un crecimiento nominal importante de los recursos impositivos y aumenta sustancialmente su peso dentro de los ingresos corrientes de la Administración Nacional. Si esa recaudación no se concreta en los niveles previstos y, al mismo tiempo, se mantiene inalterada la exigencia de equilibrio, volverá a aparecer la pregunta sobre qué variable deberá absorber el desvío. 

Después de tres años de fuerte reducción en los recursos destinados a garantizar derechos, la pregunta cobra mayor relevancia. Porque el debate sobre el Presupuesto 2027 no debería limitarse a evaluar el escenario bajo las proyecciones iniciales; en un contexto volátil, resulta indispensable prever qué ocurrirá si las variables macroeconómicas divergen de lo estimado. Frente a desfasajes entre lo proyectado y lo que efectivamente suceda, ¿cómo se evitará que sean las partidas vinculadas a derechos las que absorban la diferencia? 

La autora es economista del programa Justicia Distributiva de ACIJ