Denuncian que la Justicia argentina se negó a colaborar en un caso contra Techint y le anunció un allanamiento a la compañía
La Justicia argentina fue señalada este martes en un tribunal de Milán, Italia, por no haber colaborado eficazmente con los fiscales que investigaron a Techint y a sus accionistas Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti por presunta corrupción internacional, según sostuvo la fiscal Donata Costa ante tres jueces de la séptima seccional penal de dicha ciudad en el norte italiano.
Los empresarios son juzgados por el supuesto pago de sobornos al exgerente de Servicio de Petrobras Renato Duque, quien admitió haber recibido pagos ilegales para favorecer a la multinacional ítalo-argentina en Brasil con contratos directos de tubos de acero sin costura.
Durante su alegato del martes, la fiscal Costa repasó las pruebas obtenidas gracias a la colaboración de varios países (Suiza, Brasil, Estados Unidos, Luxemburgo y Panamá) pero sostuvo: “En Argentina no se adquirieron documentos útiles: según trascendió durante el juicio, de hecho, la cooperación no fue efectiva y los allanamientos realizados fueron anunciados a la parte -es decir a Techint-, lo que resultó en la inutilidad de la investigación”, según pudo reconstruir elDiarioAR.
En los pagos han intervenido, según sostuvo este martes la fiscal Costa, hombres de extrema confianza de los Rocca y Bonatti que ni siquiera actuaban físicamente en Brasil sino en distintos puntos neurálgicos del grupo -Buenos Aires, Montevideo y Lugano, Suiza-, lo que demostraría la responsabilidad de los directivos y accionistas acusados y no un plan de ejecutivos brasileños que “se cortaron solos”.
Son varias las evidencias que conducían a la fiscal italiana hacia Argentina. En 2017, casi cuatro años antes del juicio oral y público que se lleva adelante en Milán contra los hermanos Rocca, Bonatti y la sociedad holding del grupo Techint, San Faustin, Costa y sus colegas Fabio De Pasquale e Isidoro Palma acudieron a las autoridades argentinas para solicitar que allanaran las oficinas centrales de Techint en Buenos Aires, interrogaran a los sospechosos y en particular al argentino Héctor Zabaleta, exgerente de Administración de la multinacional.
Sin embargo, en Comodoro Py rechazaron en un principio ejecutar las medidas solicitadas por los italianos en septiembre de 2017 y pidieron más detalles sobre las pruebas. Realizaron los allanamientos nueve meses más tarde, en junio de 2018. Para entonces los abogados de Techint ya estaban al tanto del pedido de Milán y había trascendido una discusión entre el fiscal italiano De Pasquale y su par argentino Eduardo Taiano por la supuesta reticencia local para ir en busca de las pruebas solicitadas por los fiscales milaneses. Zabaleta, por ejemplo, nunca fue citado ni interrogado por el fiscal Taiano, según resaltó Costa en su alegato.
Zabaleta es uno de los hombres que controlaba las cuentas de las offshore utilizadas para transferir los pagos ilegales a Duque y es sindicado en la investigación italiana como el responsable de la “caja 2” de Techint. Por ejemplo, el primer pago a Duque fue por US$500.000, el 26 de septiembre de 2009, y fue realizado a través de la offshore Sociedad de Emprendimiento Siderúrgico y la orden fue firmada por Zabaleta, que tenía sus oficinas muy cerca de las de Paolo Rocca, en el edificio de Techint en Retiro. También la firmó Umberto Bocchini, histórico ejecutivo italiano del grupo.
En Argentina no se adquirieron documentos útiles: según trascendió durante el juicio, de hecho, la cooperación no fue efectiva y los allanamientos realizados fueron anunciados a la parte.
“Las autoridades argentinas se negaron a interrogarlo -a Zabaleta- mediante comisión rogatoria -pedido de colaboración-, alegando un posible ne bis in idem -cosa juzgada- ya que Zabaleta está siendo investigado por los mismos hechos también en Argentina. Hasta la fecha no se ha iniciado ningún juicio en su contra en Argentina, y las autoridades argentinas no han colaborado para que sea juzgado en Brasil o en Italia donde se le acusa”, dijo Costa.
Más de un año después del pedido de colaboración de los fiscales italianos, “el 18 de diciembre de 2018, la Autoridad Judicial Argentina dictó auto de archivo del procedimiento rogatorio internacional iniciado por el Ministerio Público de Milán con solicitud de auxilio judicial en septiembre de 2017”, dijo Costa ante el tribunal. Por esta razón, Zabaleta no está en la lista de imputados del juicio que llegará a su fin el 26 de abril próximo, ya que las autoridades de Italia no pudieron interrogarlo ni notificarlo de la acusación en su contra. “El fiscal a cargo de ejecutar la rogatoria, doctor Taiano, devolvió el expediente al Juzgado con dictamen remitiéndolo a la autoridad requirente con ejecución parcial”, aseguró Costa.
En la fiscalía de Taiano sostienen que la decisión se debió a que mantienen una causa abierta por los mismos hechos contra el contador de Techint y que este no puede ser juzgado por el mismo caso dos veces. Sobre los allanamientos, respondieron: “Es una locura (el planteo de la fiscal Costa), se hizo todo bien, con orden de presentación en presencia de las autoridades del juzgado (federal número 9, de Luis Rodríguez) y de la fiscalía. Taiano estuvo en el allanamiento con su secretaria y el secretario del juzgado, y se obtuvo toda la documentación que se buscó. Inclusive nos llevamos discos rígidos de la empresa e incluso el de Paolo Rocca. Se hizo en varios edificios y está faltando a la verdad”.
Esos documentos solicitados en septiembre de 2017 y obtenidos en junio de 2018 “no fueron útiles”, según resaltó la fiscal Costa en su alegato, porque la empresa ya sabía que iba a ser allanada, afirmó. La Nación y Perfil habían publicado incluso la discusión entre los fiscales de ambos países por la demora en ejecutar los allanamientos. Cuando las autoridades argentinas llegaron al edificio de Techint en Retiro solicitaron acceso a la computadora y correos electrónicos de Zabaleta y la respuesta de la empresa fue que habían borrado todo -el ejecutivo ya estaba retirado- y que sus e-mails eran “irrecuperables”. También habían desmantelado su oficina y reformado el piso que ocupaba el entonces director de Administración, según informaron fuentes directas del allanamiento.
Desde hace un año y medio, la Justicia de Brasil intenta citar al mismo exdirector de Administración de Techint por los supuestos delitos de sobornos y lavado de dinero, pero en Comodoro Py aún no lo notifican ya que su defensa sostuvo que no puede ser juzgado en Curitiba y Buenos Aires por los mismos hecho. Zabaleta es argentino y pidió ser juzgado en su país, algo con lo que concuerda la fiscalía de Taiano.
La dilación de la Justicia argentina para notificar a Zabaleta obligó al juez federal de Curitiba, Luiz Antonio Bonat, a desmembrar la causa contra la multinacional y uno de los fiscales del equipo Lava Jato planteó que las autoridades argentinas estarían poniendo una “excusa” para evitar la citación del exejecutivo del grupo que lidera Paolo Rocca, según los documentos que consta en el expediente de Brasil y la transcripción de una audiencia del 25 de agosto último.
El contador
Luego de ordenar con nombre y apellido la primera transferencia para Duque, los otros 19 pagos fueron ordenados por dos empleadas de Techint en las oficinas de San Faustin en Lugano, Suiza. Ambas, Anna Giorgetti y Zeljka Brasnjic, declararon durante el juicio que recibían órdenes directamente de Zabaleta, quien las realizaba desde Buenos Aires y que también solía viajar a Suiza. Lo definieron como un boss della Techint Argentina o “un jefe de Techint en Argentina”.
Durante el juicio, Duque reveló que los pagos de Techint habían comenzado antes de 2009 y que había recibido “sobornos” en otra cuenta suiza a nombre de otra sociedad: Blue Note. “En 2008 eran pagos esporádicos, puntuales. En 2009, se convirtió en algo sistemático”, dijo el exgerente de Petrobras. Los fiscales de Milán habían sospechado esto durante la investigación en base a información obtenida en Panamá sobre esta offshore, según dijo la fiscal en su alegato.
“La constitución de este tipo de fondos negros es posible gracias a que el grupo Techint, a pesar de ser un grupo multinacional con una facturación increíble y formado por empresas que cotizan en las bolsas de valores más importantes del mundo, sigue siendo un grupo con una pequeña base accionarial, tanto que puede considerarse un grupo familiar”, afirmó la fiscal en su alegato.
Hasta la fecha no se ha iniciado ningún juicio en su contra en Argentina, y las autoridades argentinas no han colaborado para que sea juzgado en Brasil o en Italia donde se le acusa.
Zabaleta no es el único hombre de Techint involucrado en el caso. Quienes aparecen en los documentos bancarios y como apoderados de las sociedades y cuentas utilizadas para manejar la “caja negra” son hombres de extrema confianza de la familia Rocca y Bonatti. Uno de ellos es abogado del grupo y representante legal de algunos de los accionistas en cuestiones personales: Fernando Mantilla, quien incluso actuó como protector de un fideicomiso de Elena Francisca Bonatti Rocca, hija de Roberto y accionista del grupo, como publicó elDiarioAR en el marco de Pandora Papers.
La fiscal Costa también identificó a Fernando Segundo Prado, otro colaborador de confianza de los Rocca, quien aparece como apoderado en los formularios bancarios suizos. Y Enrico Fabián Repetto Marino, uruguayo, cabeza de su estudio contable y jurídico en Montevideo, vicepresidente en 2011 de TecPetrol, la división petrolera de Techint.
En una comunicación interna de la Banca Svizzera Italiana (BSI), el testigo Francisco Iranzo identificaba a Repetto Mariño como “cliente muy conocido en el banco” y “uno de los contadores de confianza del grupo multinacional Techint”. “Además de su trabajo diario, participa activamente en la búsqueda de contactos para el Grupo, y por tanto actúa como nexo entre vendedores y compradores de grandes volúmenes de material metalúrgico”, dice la carta interna del banco.
Zabaleta, Bocchini, Mantilla y Prado figuran en los directorios de unas 30 empresas que no forman parte del conglomerado Techint sino que fueron constituidas en Argentina por la familia Rocca-Bonatti como negocios personales, según surge de los datos públicos de las sociedades anónimas. Comparten incluso directorios con Paolo Rocca y Roberto Bonatti en estas compañías. Marman Financiera e Inmobiliaria; Quaterna SA; Steamline SRL; Inversora Perdriel; Rabarbaro SA; SA de Mandatos y Administración; Cocovi SA; Amandarion SA; Inversora Santa Catalina de Siena; FINMA SA; Inversiones Urbanas Nuevo Milenio; Inversora Villa María SA; La Laguna Rocha SA; Armege Agrícola Ganadera SA; Naudistar SA, son algunas de ellas.
Ante la consulta de elDiarioAR, ni Techint ni sus accionistas, directivos y ejecutivos han querido comentar sobre las acusaciones en su contra.
ED
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