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Gente en la calle, juicios, apoyos y represión: los días previos al ataque contra Cristina Fernández

El momento del ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

Victoria De Masi

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Un hombre apretó el gatillo de un arma a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Sucedió el jueves por la noche, durante la ronda de saludos que la dos veces presidenta mantiene desde hace varios días con los militantes que permanecen en vigilia en los alrededores del edificio en el que vive, ubicado en Recoleta. El hombre se infiltró en el grupo de apoyo a la vicepresidenta y blandió el arma. Solo por una cuestión técnica el disparo no salió. El intento de asesinato a Cristina Fernández conmociona a las y los argentinos. Esa es la noticia, pero la noticia tiene un contexto.

Casi la mitad de los argentinos son pobres. Todos aquí lidiamos con una inflación mensual de, en promedio, 8%. De aproximadamente 47 millones de ciudadanos, 22 millones son asistidos por el Estado con planes, programas, proyectos o subsidios. El ministro de Economía renunció en julio. Designaron a Silvina Batakis, la segunda mujer en la Historia del país en lograr el puesto. Batakis “duró” 24 días en el cargo. Estaba en un viaje oficial a Estados Unidos, donde había ido a reunirse con representantes del Fondo Monetario Internacional, el organismo con el que la Argentina mantiene deudas, cuando supo que sería reemplazada. Por teléfono le avisaron que su puesto sería ocupado por quien fuera el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

En la pospandemia y ya en carrera por las elecciones presidenciales –que serán el año próximo–, Cristina Fernández fue acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Hubo descargos en Twitter y vía streaming. Hubo apoyos de funcionarios públicos oficialistas y de los movimientos sociales. Convocatorias públicas y represión policial.

Fútbol, declaración y vigilia

El 7 de agosto, unos días antes de que el fiscal Diego Luciani se dirigiera al Tribunal para informar qué pena pediría para Cristina Fernández en la causa conocida como “Vialidad”, la vicepresidenta usó sus redes sociales para demostrar los contactos amistosos entre el fiscal que la acusaba, uno de los jueces del Tribunal y el ex presidente Mauricio Macri y su entorno. Fernández difundió fotografías en las que se observa que el fiscal, el juez Rodrigo Giménez Uriburu –presidente del Tribunal que deberá decidir sobre su destino– y el miembro de la cámara de apelaciones Rodrigo Llorens –que sobreseyó a Macri en una causa por espionaje– forman parte del mismo equipo de fútbol. El equipo se llama Liverpool y suelen jugar en la quinta de Macri, “Los Abrojos”. 

Unos días después de ese hilo en Twitter, el 22 de agosto, el fiscal Diego Luciani pidió que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión. De paso, y en un hecho inédito, también solicitó al tribunal que inhabilite de manera perpetua a la vicepresidenta a ejercer cargos públicos y se le decomisen bienes. La acusa de haber sido jefa de una asociación ilícita organizada para favorecer al empresario Lázaro Báez y como autora de fraude a la Administración pública en miles de millones de pesos desviados a las compañías del exsocio de su familia. Esa noche arrancó la vigilia en los alrededores del edificio en el que vive Fernández. Y desde esa noche, Fernández lleva a cabo su ritual: acercarse a los militantes para saludarlos y agradecerles su presencia.

Después de la petición de cárcel e inhabilitación del fiscal, la vicepresidenta pidió ampliar su declaración indagatoria, pero el Tribunal lo rechazó. Así que Cristina reaccionó y desde su despacho en el Senado hizo un descargo vía streaming. “Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo”, dijo. Los principales referentes del oficialismo y la militancia más fiel habló de proscripción: en 1956, Pedro Aramburu, presidente de entonces, sancionó el decreto 4161/56 que consideraba ilegal el peronismo, prohibía sus ideas y símbolos, e incluso que se mencionaran los nombres de Perón y Evita. 

En su declaración, Cristina Fernández habló más de una hora y media. Dijo que los fiscales “adoptaron el guión de los medios” y aseguró: “No son acusaciones, es una ficción, nada fue probado”. En una defensa de carácter político, leyó mensajes de texto entre el ex secretario kirchnerista de Obras Públicas, José López, condenado por corrupción, y Nicolás Caputo, amigo cercano de Mauricio Macri, en torno a la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. “¿Los fiscales y los jueces no vieron esto?”, preguntó. El apoyo del oficialismo fue general. Incluso el presidente fue a una canal de televisión a afirmar “la honestidad” de su vice.

Vallas y escenario

Para el quinto día de vigilia, los alrededores del edificio donde vive la vicepresidenta amaneció vallado. Fue una decisión del Gobierno porteño que se inclina, en este momento, hacia la oposición. Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires, se perfila como candidato presidencial en las elecciones del año próximo. “El vallado es para evitar conflictos entre ciudadanos”, dijo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. 

El gesto de “concordia” terminó con una represión que incluyó gases lacrimógenos, carros hidrantes, doce policías heridos y varios detenidos. Y con el hijo de la vicepresidenta, el diputado Máximo Kirchner, asediado por agentes de la policía que le impedían el ingreso al edificio en el que vive su madre. Más tarde, ahí donde había vallas, a Fernández le levantaron un escenario. Pequeño, improvisado: apenas un micrófono de pie, iluminada por las cámaras de televisión y los postes de luz. La vicepresidenta se dirigió a su militancia: “Desde el día martes, cuando el Partido Judicial pidió 12 años de condena por cada año de los mejores 12 años que tuvo el pueblo argentino, desde ese día se produjeron a lo largo y lo ancho del país manifestaciones espontáneas de compatriotas”. Desde la tarima pidió a los manifestantes que fueran a descansar, que había sido un día largo.

El jueves a la noche, la vicepresidenta llegaba a su casa luego de presidir la sesión en el Senado cuando un hombre de 35 años apretó el gatillo de un arma en su cabeza. Había cinco balas en la recámara de la pistola, pero no disparó. El joven fue detenido e imputado por “tentativa de homicidio calificado”. Este sábado será indagado. Hacia la medianoche y por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández repudió el hecho, llamó a la paz social y declaró feriado nacional para que “el pueblo argentino pueda expresarse en solidaridad con nuestra vicepresidenta”.

En 1991, un ex gendarme apuntó el presidente de entonces Raúl Alfonsín, en medio de un acto de campaña en San Nicolás. Cuando se oyó el disparo, el custodio se arroyó encima del mandatario y otro redujo al tirador. Al agresor lo sobreseyeron por inimputable. Se suicidó tres años después. Desde el retorno a la democracia en la Argentina, hace casi 40 años, no hay antecedentes de que un civil en su sano juicio haya un intentado un asesinato de este tipo. 

VDM/SH

Nota aclaratoria: el original de este texto fue actualizado a las 11.16 del sábado 3 de septiembre.

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