El Gobierno defendió el proyecto que habilita sanciones sin juicio previo y persigue “campañas de desinformación”

La encargada de defender el proyecto insignia de Santiago Caputo fue su mano derecha, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. Ante el faltazo del ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, fue Ibarzabal Murphy quien tomó la posta para explicar, ante las acusaciones de los diputados de la oposición, los motivos que llevaron al Gobierno a presentar la ley de “Defensa de la Soberanía Nacional”. La funcionaria negó que el proyecto escondiera una amnistía para las empresas sancionadas por operar en la zona de Malvinas, justificó el cambio de paradigma sobre la noción de “defensa nacional” y rechazó que la iniciativa avanzara contra la libertad de expresión. 

El oficialismo está decidido a avanzar con el proyecto de ley que Javier Milei anunció en cadena nacional poco después de que la sociedad hiciera caer el capítulo de extranjerización de las tierras nacionales. Incómodo tras el fallo de la Corte Suprema, que habilitó el artículo del DNU que derogaba la Ley de Tierras, el Gobierno quiere esperar a que la oposición fracase en su intento de voltear el DNU 70/2023 y, recién ahí, llevarlo al recinto. El objetivo es dictaminar la iniciativa la semana próxima y aprobarlo en la Cámara de Diputados el 21 de octubre, pese a las resistencias que la ley genera en organismos de derechos humanos. 

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MCM