Con dificultades para aprobar la reforma de la Magistratura, el Gobierno denuncia extorsión de la Corte

En el Senado, el Ejecutivo castigó a la Corte Suprema. Los tres poderes del Estado en danza, en el contexto de un tironeo sobre el futuro inmediato del Consejo de la Magistratura. El organismo dedicado a postular y remover jueces está al borde de quedar en un limbo. Dentro de 25 días vence el plazo que la puso la Corte Suprema en diciembre pasado. 

Los supremos declararon la inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo (de 13 miembros), aprobada por ley en 2006. Y forzaron a modificarla antes del 16 de abril. En caso de que eso no ocurra, el Consejo retrocederá 16 años hasta su vieja composición de 20 bancas. Con un plus, en medio de la pelea descarnada que existe entre el gobierno y la Corte. Al Consejo lo presidiría el actual titular de la Corte Horacio Rosatti. 

En paralelo, Juntos por el Cambio unificó sus proyectos, hasta volverlos similares a la voluntad expresada por la Corte. Es decir, el Consejo tendría 20 y lo conduciría el líder de los supremos. Pero el clima político dificulta que algunos de los dos proyectos consigan el aval suficiente para ser votado. Ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio cuentan con el respaldo suficiente para que se sancione alguno de los proyectos. La traba del oficialismo está especialmente en la Cámara de Diputados. 

“No sé qué vamos a hacer, pero como el proyecto va a venir aprobado del Senado no nos queda margen para ir por un camino intermedio. Es blanco a negro”, afirma un diputado no alineado. Los bloques intermedios serán clave para que el proyecto se apruebe en Diputados, en caso de que se vote en el Senado. 

“Este fallo es sin lugar a dudas una extorsión sin precedentes en la historia democrática de nuestro país”, se quejó este martes el ministro de Justicia Martín Soria. Lo dijo en el arranque de su exposición ante el plenario de comisiones del Senado, realizado en el Salón Arturo Illia del Senado. Ahí empezó a discutirse el proyecto del Ejecutivo para reformar el Consejo. 

La comisión de Asuntos Constitucionales es conducida por el peronista jujeño Guillermo Snopek. La de Justicia y Asuntos Penales, por el cristinista Oscar Parrilli. También participaron del debate el viceministro de Justicia, Martín Mena; y el actual presidente del Consejo de la Magistratura y camarista federal de San Martín, Alberto Lugones.

“El fallo de la Corte del 16 de diciembre de 2021 no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político. Pero, además, es un acto político extorsivo porque estableció un plazo prácticamente incumplible”, afirmó Soria. Y destacó que “faltan menos de cuatros semanas para que se paralice un organismo de la Constitución, como es el Consejo de la Magistratura”.

El oficialismo busca acortar plazos: emitir rápidamente el dictamen a favor del proyecto, para llevarlo al recinto del Senado cuanto antes. La propuesta del Gobierno busca que el presidente de la Corte no se ubique al frente del Consejo de la Magistratura. El órgano continuaría definiendo su presidencia entre sus propios integrantes.

El texto oficial amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo (suma un juez, dos abogados y un académico o científico). El proyecto propone que el Consejo esté integrado por cuatro jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación; seis legisladores (tres senadores y tres diputados, dos de ellos por la mayoría y uno por la minoría de cada Cámara); cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal; un representante del Poder Ejecutivo; y dos de los ámbitos académico y científico. 

Además establece la paridad de género en todos los estamentos que elegirán sus representantes, en la composición general del Consejo y de todas sus comisiones (Disciplina y Acusación, Selección de Magistrados, Administración Financiera y Reglamentación), de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

En paralelo al del FdT, hay tres proyectos de Juntos por el Cambio en danza. Sus autores son el radical mendocino Alfredo Cornejo, la jujeña Silvia Giacoppo y el correntino Eduardo Vischi. Los tres senadores de la UCR el lunes unificaron la propuesta para no exhibir fisuras cambiemitas. 

La presidencia del Consejo de la Magistratura, según esos textos, quedaría en manos del jefe de la Corte Suprema, con una integración de 20 miembros. Las sillas serían repartidas de la siguiente manera: una para la presidencia de la Corte, cuatro jueces, ocho legisladores, cuatro abogados de la matrícula federal (dos del interior), un representante del Poder Ejecutivo y dos del sector académico.

“No tenemos que ser ingenuos. Hay sectores que quieren llevar el debate a lo que evidentemente fue el objetivo real de la Corte al declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006: meterse en el Consejo de la Magistratura por la ventana”, acusó Soria. El ministro recordó que bajo la ley vigente de 2016 se designó al 70 por ciento de los magistrados judiciales en funciones. 

Soria también resaltó que el proyecto del Ejecutivo toma aspectos del presentado por el gobierno de Mauricio Macri en 2017. Con letra del exministro de Justicia Germán Garavano, la iniciativa amarilla tampoco incluía a los miembros de la Corte en el Consejo. 

Respecto al futuro del Consejo en caso de que no se sancione ninguna ley, una fuente de la Corte pronostica: “Va a ir Rosatti de presidente. Y habrá que esperar a noviembre, cuando se renuevan los consejeros. No veo al gobierno con fuerza política para conseguir la ley”.

AF