Larreta apuesta a un frente común con los supremos para recuperar los fondos que le dio Macri

Promulgada la quita de fondos, presentada la demanda del gobierno porteño contra el nacional en la Corte Suprema. Horacio Rodríguez Larrata estaba agazapado, a la espera de que Alberto Fernández pusiera definitivamente la ley en marcha. Este lunes sucedieron las dos acciones, encadenadas, con unas 5 horas de diferencia. La demanda de la Capital ante los supremos llegó poco antes del mediodía. Así, el alcalde avanza con su estrategia de judicializar la queja contra el albertismo. 

Aprobada el 10 de diciembre pasado, hoy el Presidente terminó de dar marco legal a la reversión de parte de los recursos cedidos por Nación a Ciudad desde 2016, con motivo de la transferencia de la seguridad metropolitana que antes brindaba la Policía Federal. El alcalde calcula que el recorte supera los $65.000 millones, más del 10% del presupuesto porteño para el 2021, una cifra que el oficialismo nacional pone en disputa, porque la Nación afirma que seguirá financiando el gasto extra que significó el traspado de jurisdicción policial.  

Rodrigúez Larreta asume que desde la Rosada ya lo eligieron como el adversario principal. Empujado a su vez por el recelo del ala radicalizada de Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri como primer exponente de esa tribu, muestra los dientes y, al mismo tiempo, exhibe sus ambiciones presidenciales para bloquear el fuego amigo que lo considera “blando” con la Casa Rosada. En las últimas dos semanas, Rodríguez Larreta levantó su perfil nacional: recorrió el conurbano con María Eugenia Vidal y un grupo de intendentes, y realizó un zoom con la dirigencia cordobesa de JxC.

El jefe de Gobierno porteño espera que los jueces de la Corte, con Carlos Rosenkrantz a la cabeza, declaren una acción declarativa de inconstitucionalidad. El alcalde se ilusiona con aprovechar el clima de guerra fría que existe entre el albertismo y los supremos. Quiere volverse amigo de los jueces, al compartir una enemistad muy concreta: la de Cristina Fernández de Kirchner, quien enumeró críticas personalizadas para cada uno de los cinco magistrados. La vice, a su vez, arrastró al presidente hacia el barro de una disputa, por ahora mantenida en la retórica, con la Corte en bloque. El aval de Rosenkrantz al planteo de la Ciudad, se entusiasman en el larretismo, es el piso desde el que parten. 

El gobierno de la provincia de Buenos Aires es el socio de la Casa Rosada para confrontar con Larreta. El gobernador Axel Kicillof lo explicitó en el acto realizado junto a los Fernández, Máximo Kirchner y Sergio Massa, en el estadio platense rebautizado como Diego Maradona. Kicillof le agradeció al presidente por “devolver recursos a la Provincia”, para mitigar la “desigualdad a un lado y otro de la General Paz”.

Pero la dinámica del poder no es tan lineal, ni una ecuación matemática. Hasta febrero, los jueces no revisarán el planteo de inconstitucionalidad hecho por la Capital Federal. La semana pasada se cortó la circulación de expedientes y no habrá novedades hasta, como mínimo, dentro de un mes y medio, porque tribunales entra en su tradicional parálisis de verano. 

Las propias internas entre los supremos atentan contra un fallo que le dé la razón de forma contundente a la Ciudad. En fricción mancomunada con Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti se recelan mutuamente. Presidente de la Corte durante doce años, Lorenzetti percibe que Rosatti busca congraciarse con el gobierno para desbancar a Rosenkrantz. Así decodificaron el artículo que Rosatti escribió en Ámbito Financiero hace diez días. “No puede pedírsele a un juez que actúe como un político, reemplazándolo, porque sus roles y sus márgenes de decisión son distintos”, opinó Rosatti.

La nueva queja larretista es parecida a la que ya había presentado el oficialismo porteño, a raíz de la quita a la coparticipación establecida por un decreto presidencial. La ley promulgada le resta unos $13.000 millones más, y devuelve la transferencia de fondos a los tiempos previos a la presidencia de Macri. A principios de 2016, el expresidente amarillo le había concedido generosamente y por decreto una suba porcentual de 1,4 al 3,7 en el reparto de recursos nacionales. El Estado Nacional se hizo cargo de los sueldos de los agentes federales mudados (casi 20.000 efectivos), más los metropolitanos que había creado Macri desde cero (unos 6.000). Con un agregado: Nación invitó los sueldos complementarios (surgidos de los trabajos extras, en recitales, partidos de fútbol y otros eventos privados), más la brecha salarial que existía entre los metropolitanos (una policía que contaba con sueldos vip) y los de la federal fusionados, a lo que hay que agregar la parafernalia de armamento y escudería de la que hizo alarde el macrismo. Así, el albertismo argumenta que lo decidido se trató de un ajuste atado a lo estrictamente necesario para mantener la seguridad porteña.

“La Ley vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las Provincias y la CABA. Y atenta contra la autonomía de la CABA y deja de lado de manera unilateral acuerdos preexistentes, que estaban consolidados y se estaban ejecutando”, denuncia el gobierno porteño.

Según calculan en el Ejecutivo de la Capital, el monto final transferido (unos $24.500 millones) “sólo cubriría el 27,9% de la partida total en el Presupuesto y apenas el 40% del gasto en Personal proyectado”. El larretismo proyecta: “la aplicación de la ley implica para el año 2021 una pérdida de $ 65.083 millones”.

El autor intelectual de ambas quejas contra la Nación fue el procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa, un abogado de perfil corporativo que se ganó la confianza del alcalde. Astarloa fue gerente de Legales del Banco Citi y socio en dos estudios influyentes durante más de dos décadas: los bufetes Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y el de Allende & Brea. Hasta que en 2012 probó suerte en el gobierno porteño, ascendiendo a jefe de los fiscales en 2016. 

El lunes 30 de noviembre, Astarloa ya había incursionado en el barro grietero: el procurador denunció al secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla. 

La ley aprobada el 10 de diciembre, en realidad, no establece una suma fija de quita. Crea una comisión ad hoc para estudiar la cifra exacta y la pone bajo análisis del Consejo Federal de Inversiones (CFI). ¿Qué es el CFI? La reunión de los todos los ministros de Economía provinciales. En concreto, un ámbito hostil para el larretismo. Porque 19 de las 24 administraciones firmaron la solicitada junto a la Casa Rosada en la que aprobaban el recorte de la coparticipación de la Ciudad. Ese artículo fue propuesto por los cuatro diputados cordobeses que responden a la conducción del gobernador Juan Schiaretti. 

En la reciente cumbre del CFI, en el que se trató el asunto de la quita de coparticipación a la Ciudad, el representante porteño quedó en previsible minoría. La Capital fue la única administración que rechazó la intervención del CFI: perdió 22 a 1. El larretismo quiere que esa soledad unitaria se convierta en una victoria pírrica para el albertismo, dentro de una carrera política más amplia y que termina en el 2023. Al momento, la foto lo muestra en minoría abrumadora ante los demás gobernadores. 

AF